EL INTERÉS PARA OBRAR EN LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS

EL INTERÉS PARA OBRAR EN LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS


La creciente insatisfacción del estado de necesidad de TutelaJurisdiccional por parte de la sociedad requiere de una respuestalegislativa inmediata, dirigida, en lo posible, a disminuirla.

Una de esas medidas a tomar, sería la de reducir los existentes trecemedios de “defensa de forma”, a únicamente cinco “excepciones”; creando, a la par, la excepción de “falta de interés para obrar”, la que,a su vez, contando con una definición certera y precisa de sus alcancesconceptuales, tendría como causales, las siete excepciones que actualmente la configuran.

A nuestro juicio, ello contribuiría, sin duda alguna, a facilitar enormemente el uso adecuado en dónde los citados instrumentos dedefensa formales por quien demanda impartición de justicia (justiciable); y su manejo y aplicación meridiana por parte de losjueces. Asimismo, dada la naturaleza e implicancias de la “excepciónde caducidad”, ésta pasaría a constituirse en causal de sustento de la “excepción de falta de legitimidad para obrar”.


NECESIDAD DE TUTELA JURISDICCIONAL


Es lo que la doctrina conoce, y nuestro ordenamiento procesal civilvigente recoge, como la categoría procesal denominada “interés paraobrar”, regulada, expresamente, en el inciso segundo del artículo 427° del Código Civil (CC).

Así, quien imparte justicia civil con el fin de ingresar a la esfera privada del particular e imponer allí su autoridad, aplicando la norma materialpertinente –Tutela Jurisdiccional– debe advertir, previamente, si quien lo solicita, en efecto, le es imprescindible la intervención estatal para solucionar el enfrentamiento intersubjetivo de intereses sustanciales, surgido como consecuencia de la resistencia ofrecida por uno de ellos, a que impere el otro sobre el suyo.

Ello es, en puridad, lo que se configura como el interés o necesidad de la presencia del órgano jurisdiccional dentro del ámbito privativo dequienes impetran su Ius Imperium para lograr la composición del diferendo.



Desde esa óptica, el interés adjetivo o necesidad de obrar se convierte en el medio promotor para lograr que los intereses materiales enoposición, sean materia de pronunciamiento jurisdiccional con la finalidad de poner coto a esta lucha.



EL INTERÉS PARA OBRAR EN LA DOCTRINA COMPARADA

El maestro Guiseppe Chiovenda lo consigna como “el interés enconseguir el bien garantizado por la ley por obra de los órganos jurisdiccionales”, para luego agregar que “sin la intervención del órgano jurisdiccional, el actor sufriría un daño injusto”.

Sin embargo, fue Gian Antonio Michelle, quien, en una de las definiciones más precisas, nos produjo la elucubración, materia de este comentario, cuando al “interés para obrar” lo plasma como la “situación de insatisfacción en que un sujeto puede llegar a encontrarse si no recurre al juez, en cuanto que solo la obra de este último puede satisfacer dicho interés. Esto es, hacer desaparecer la insatisfacción misma”.

En consecuencia, resulta ineludible-mente perentorio, que la justicia animada haga efectivo dicho postulado, cual es, en principio, el de eliminar en el actor ese estado de insatisfacción emocional, y, luego, material si es que logramos, como ya hemos anotado, cubrir con la premura respectiva su interés procesal.

Es más, para que el que imparte justicia encuentre justificado saciar esa tutela exigida por el potencial pre-tensor, debe proceder a diagnosticar la demanda incoada, advirtiendo si es que ésta observa a plenitud los presupuestos procesales, tanto los formales como los materiales (fondo), conocidos también como “condiciones de la acción”. Luego, es conveniente, de igual modo, verificar las posiciones doctrinarias al respecto.



TEORÍAS SOBRE LAS CONDICIONES DE LA ACCIÓN

Existen dos teorías que informan los pre-supuestos materiales o condiciones de la acción. A saber:

1) La primera, de la norma adjetiva con rostro humano, defendida por el pre-cursor del Derecho Procesal Civil en nuestro país y de cuyo manantial intelectual beben incluso conspicuos tratadistas de nivel internacional. Nos referimos a nuestro maestro y probo jurista, Carlos Parodi Remón.

Esta teoría radica su postulación en que al dictarse una sentencia estimatoria es donde se encuentre acreditada la confluencia copulativa de las “condiciones de la acción – condiciones para una sentencia favorable”, que el maestro llama como la “voluntad de la ley o el am-paro legal, legitimidad para obrar –sea ésta ordinaria o extraordinaria, principal o secundaria, total o parcial – y el interés para obrar”.

Ella se encuentra respaldada por tratadistas de la talla de Hernando Devis Echandía, Hugo Alsina e incluso el cita-do Giuseppe Chiovenda, concluyendo en que dichos requisitos de fondo no deben ser auscultados por el juzgador ni al calificar la demanda y menos posteriormente, sino recién en el momento de emitir su sentencia final o decisión jurisdiccional.

2) La segunda, es aquella que pregona y que por cierto es la asumida por nuestro ordenamiento procesal civil, que las “condiciones de la acción” deben ser verificadas en los sucesivos diques de contención del “derecho de acción” que regula nuestro proceso civil. Es decir, en principio, al calificar el emplazamiento. Luego, al llevar a cabo similar ritual con la contradicción, y, finalmente, en la etapa del saneamiento procesal. Excepcional-mente, se hará al momento de dictarse la sentencia, la cual, inexorablemente, será inhibitoria, si es que en ella se ha establecido la invalidez de la relación procesal.



Esta teoría que solo reconoce como “condiciones de la acción”, a la “legitimidad y al interés para obrar”, es postulada en nuestro país por el reconocido y reputado procesalista nacional, Juan Fe-derico Monroy Gálvez, quien es avalado por Enrique Véscovi y aún por Liebman, quienes estiman que el juez se encuentra obligado a otorgar “protección jurisdiccional”, o, mejor dicho, a satisfacer la necesidad de ella, sólo si la acción muestra indubitablemente la presencia de las citadas “condiciones de la acción”.

Es pertinente anotar, que de esta teoría se nutre el Código Procesal Civil Modelo para Latinoamérica, así como de las vigentes legislaciones procesales de Uruguay, Brasil y Venezuela, por citar las más recientes. Asimismo, de la de Italia y Francia, en Europa.


¿INTERÉS PARA OBRAR COMO EXCEPCIÓN?

Pese a que el impetrante haya logrado que el juez permita se abran las compuertas del dique de contención de ingreso al canal de fluidez procesal (admisión a trámite de la demanda luego de calificarla) si el compelido considera que éstos no debieron ser abiertos, puede – muy bien, ejercitando su derecho de contradicción-, tratar de cerrarlas, deduciendo para ello las respectivas “excepciones” que la norma reguladora franquea. Éstas, sin duda, no vienen a ser sino “medios de defensa de forma”, destinados a poner en cono-cimiento del guardián de la formalidad procesal (el juez), la carencia o débil presencia de los “presupuestos de fondo o condiciones de la acción”.

Siendo que, uno de ellos, es el “interés para obrar”, en principio, el inciso segundo del artículo 427° del acotado corpus iuris, faculta a la “justicia en acción”, a que, de oficio, rechace preliminarmente la demanda incoada, si advierte su manifiesta ausencia en ésta.

De no haber procedido así, entonces el accionado tiene habilitado y, a su disposición, como ya se ha plasmado, una gama o variedad de “excepciones” que comportan la “falta de interés para obrar”. Si bien esta “condición de fondo” no ha sido legislada como una “excepción”, es de concluir que, certeramente, siete de ellas –excepciones- son las que lo configuran y, como tal, muestran a plenitud tal posición. En efecto, de acuerdo con el artículo 446° del mismo código, ellos son:

EXCEPCIONES

-Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa. En ésta, porque al no haber alcanzado la “cosa decidendi” en sede administrativa, aún le cabe al accionan-te la posibilidad que su pretensión sea acogida en la misma; luego la vía común todavía no le es la pertinente.

-Litispendencia. Al respecto conviene precisar que, la “Necesidad de Tutela o Interés para Emplazar”, como se dijo al comienzo, conlleva a conseguir la intervención estatal, vía la judicatura, en la posible solución del trance de intereses materiales, mas no necesariamente a que prevalezca el del requirente por sobre el del requerido. No. La insatisfacción de Tutela se complace por el dador de justicia con su sola presencia y, a cargo de la dirección del proceso civil en trámite. Nada más.

Así, de tal manera, el interés procesal o necesidad de tutela, estará hartamente colmado. La prevalencia del “interés material o sustantivo del demandante”, no se encuentra dentro de los alcances del “interés adjetivo o urgencia de tutela”. Por eso, cuando se llega a verificar que aparte del proceso donde se ha deducido esta excepción existe otro en ciernes, o sea, sin pronunciamiento definitivo y, asimismo, posea la triple identidad de partes, similar petitorio e igual interés para obrar. En este caso, se debe rechazar, pues ya consiguió la intervención o presencia del Estado. Intentarlo de nuevo e inmediatamente es fútil.

•Cosa juzgada. Aquí no debe interesar si se trata de “cosa juzgada absoluta o relativa, material o formal”. Es lo de menos. Lo cierto es que el pretensor, ya obtuvo una “decisión jurisdiccional firme”. Por consiguiente, no sólo ha aplacado su interés procesal, sino que incluso ha genera-do la actuación y declaración del derecho objetivo, al margen de que la sentencia expedida, no haya satisfecho su interés material. Siendo así, es intonso un nuevo intento de arrimo a la tutela. Ingresan al radio de acción de esta excepción, los acuerdos arribados extrajudicialmente y que por su naturaleza de “firmes” se homologan a una sentencia con la “calidad de cosa Juzgada”, bien sea como “conciliación” o bien como “transacción”.

•Desistimiento de la pretensión. Si el impetrado acredita que el peticionante ya se había retraído de igual petitorio que el incoado, exigirlo doble y posteriormente, conlleva a establecer, a no dudarlo, que ya no ofrece un estado de necesidad de tutela. Esta excepción también debe de-mostrar la triple identidad.

•Conclusión del Proceso por Conciliación o Transacción. Aquí, lo único que interesa al juzgador, para poder determinar si hay necesidad de tutela, es ver si la controversia de intereses sustantivos, culminó o no en un proceso anterior que coincide en identidades, y que cuenta con la aprobación del juez de los acuerdos arribados, vía el uso por las partes procesales, de dichas formas de conclusión del pro-ceso, esto es, la de “conciliación” y “transacción” intra proceso.

Más no considera en lo absoluto, para poder acoger la excepción deducida, que los convenios asumidos mediante esas modalidades de finiquitamiento procesal, se hayan validado cual decisión jurisdiccional con la santidad de la “cosa juzga-da”. Asumirlo así, de un lado, involucra-ría a desestimarla, pues la apropiada o idónea para hacerlo valer sería la de cosa juzgada, donde sí tienen cabida, con pro-piedad, como conocemos, las conciliaciones y transacciones extrajudiciales.

Por otro lado, la excepción de caducidad de ninguna manera comporta carencia de interés procesal o falta de interés para obrar. La caducidad, como bien sabemos, artículo 2003° del CC, desaparece la relación jurídica material entre las partes, a raíz de haber precluido el espacio temporal estimado legislativamente.

Al haberse esfumado ese vínculo de éstas con el derecho material, “este me-dio de defensa de forma”, en realidad está conformado a demostrar que no existe legitimidad para obrar, como consecuencia, precisamente, reafirmo, de haberse extinguido ese contacto entre la persona con la norma material, puesto que ya no hay esa coincidencia de identidades entre la persona concreta que acciona o es inquirida, con la persona abstracta a quien la ley habilita para emplazar o contra quien se dirige la acción.

•La prescripción extintiva. Ésta lo que desvanece, dado la perentoriedad del transcurso del tiempo concedido por la ley, es la posibilidad de que el Estado se inmiscuya en el contorno particular de quien exige su incursión. Este instrumento formal de defensa es la que da la esto-cada mortal a la “necesidad de amparo procesal o de tutela”.

•El convenio arbitral. Al concertar las partes materiales que, ante las posibles atingencias que pueda manar la relación jurídica sustantiva constituida, la satis-facción de su necesidad la buscarán, no en el fuero común, sino en el privativo; entonces, dirigirse a aquél y no a éste conforme a lo previsto por ellos, es redundante y demostrativo de lo innecesario de la presencia estatal en el pleito.

Ahora, aún cuando de los recaudos y del texto de la demanda impetrada, se advierta que la necesidad de tutela o interés para obrar no es manifiesto, al haber prescrito el derecho de acción (prescripción extintiva) o por que los su-jetos ya han estipulado avenirse al fuero privativo (convenio arbitral), el juzgador se encuentra impedido de aplicar lo preceptuado por el segundo numeral del articulo 427° ya consignado, por prohibírselo, expresamente, los artículos 1992° del CC y 15° de la Ley General de Arbitraje, respectivamente.

Finalmente, “las defensas previas” de no haberse efectuado, también de-notan aun la “no necesidad de tutela o interés adjetivo”. Si el potencial actor, antes de cruzar la frontera que delimita el territorio material del proceso, no ha llevado a cabo los actos sustantivos anteriores que le conciernen, entonces, todavía no debe requerir la actuación del órgano jurisdiccional.

CONCLUSIÓN

En consecuencia, para culminar, debemos afirmar con plena e imperativa certeza que, existiendo, aparte de las defensas previas, hasta siete excepciones que configuran la manifiesta falta de interés para obrar. Nada obsta, a efectos de una saludable y efectiva satisfacción de la necesidad de tutela jurisdiccional por parte de los hacedores de justicia, que se le le-gisle, constituyéndose la “excepción de falta de interés para obrar”.

Los alcances de esta excepción no sólo comprenderían la ausencia de necesidad de tutela, sino, inclusive, nos atrevemos a señalarlo, a la carencia del derecho mismo a la tutela jurisdiccional. Así, la subsunción o encuadre en ella, como causales de fundamento, de las actuales excepciones vertidas, y las defensas previas, habremos con-seguido, didácticamente, no sólo facilitar su adecuado uso por todos los que hacen realidad el derecho y la justicia, sino, lo más importante, viabilizado enormemente, cualitativa y cuantitativamente, la satisfacción de la necesidad de tutela jurisdiccional de nuestra población que demanda justicia.

Se delimitaría de esa forma, con pre-cisión meridiana, el ámbito de su aplicación y no como sucede ahora, que existe una confusión e invasión de linderos conceptuales entre las excepciones que se subsumen dentro de la ausencia de interés adjetivo. Y lo que es más, se podría pretender incluso, si se advierte intención de distracción vana a la función judicial, que esta excepción invada el ámbito del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, denunciando su frágil presencia, tanto en lo ordinario como en la diferenciada.

No estaría demás, revisar la conceptuación de la “excepción de falta de legitimidad para obrar”, la que como hemos avistado, también es denunciada por la excepción de caducidad. Esta última, junto con las excepciones de falta de legitimidad para obrar tanto activa como pasiva, podrían convertirse en vertientes de aquella, y así obtener una mayor instrumentalización

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About Victor Bazan

Hola, mi nombre es Victor Bazan Carranza, estudiante de Derecho en la Universidad Señor de Sipan (USS), y este blog tiene como finalidad compartir temas referidos al Derecho, en sus diferentes ramas de estudio.

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Category(s): Derecho Civil